La comunidad internacional debe garantizar la seguridad de los civiles en conflictos armados y el respeto de los principios fundamentales de los derechos humanos internacionales, primero de todos los “preceptos de la decencia y la civilización humanas”. He aquí el discurso de Albrecht Boeselager, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, hablando como miembro del Consejo Soberano de la Orden de Malta.
El Ministro de Cooperación Internacional y Asuntos Humanitarios de la Orden tenía como misión realizar una declaración sobre “La protección de civiles en conflictos armados” en base a la amplia experiencia de la Orden de Malta en la asistencia a las víctimas de conflictos en África y Asia, después de siglos ayudando a los necesitados y los enfermos en Europa.
A día de hoy, 90% de las víctimas de guerras son civiles, comparado a un 90% de víctimas militares hace un siglo. En la última década, señaló el Gran Hospitalario, los civiles han sido utilizados como “escudos humanos” en las llamadas guerras “asimétricas entre gobiernos e insurgentes o grupos terroristas” en Irak, Afganistán y Gaza. Denunció las “increíbles atrocidades” perpetradas en Congo oriental, con el “uso sistemático de violaciones y mutilaciones” como “táctica preferente de los grupos de la milicia”. En la República Democrática del Congo, el terrorismo se está haciendo endémico, y los grupos de la milicia y los rebeldes usan la violencia sexual contra los civiles indefensos, “a menudo mujeres jóvenes, incluso a veces niñas o niños”. En los últimos cuatro años, la Orden de Malta ha asistido a cerca de 30.000 mujeres víctimas de estas violaciones, y ha llevado a cabo una labor intensa con los soldados y los rebeldes, para evitar estos crímenes contra la humanidad en el futuro.
Los campos de refugiados, prosigue Boeselager, también se han convertido en objetivos de las acciones militares, e incluso el personal de la Orden de Malta en Darfur han pasado a ser “víctimas deliberadas o accidentales de estas tácticas”. Los voluntarios de la Orden han visto impedida su entrada a los campos de refugiados de Sri Lanka. En Afganistán, donde ocurren el 60% de los ataques a trabajadores humanitarios, la Orden ha perdido a varios miembros de su personal en emboscadas y tiroteos. Las bombas de racimo utilizadas en el sur del Líbano han causado serias mutilaciones a civiles y el hospital materno de Belén, donde han nacido 46.000 bebés desde 1990, ha sido atacado dos veces en estos últimos años.
El Gran Hospitalario explicó cómo la Orden, en su trabajo con las víctimas de conflictos armados, ha identificado cuatro tipos de violencia contra los civiles, que deberían ser objeto de atención por parte del Consejo de Seguridad. A saber: ataques directos a civiles, incluido el uso de la violencia sexual, atentados suicidas, o asaltos a las instalaciones para refugiados y desplazados. Tomar rehenes civiles para utilizarlos como “escudos humanos” o utilizar instalaciones de protección, como hospitales o centros de ayuda, para proteger a combatientes. Infligir daños “accidentales” o “colaterales” a civiles, incluyendo trabajadores humanitarios y personal médico, como las operaciones militares, que crean un alto riesgo de matar o herir a civiles. Tomar por objetivo trabajadores humanitarios, para impedir el acceso de los civiles a refugio, alimentos o asistencia médica.
“Es indiscutible”, prosiguió Boeselager, “que este tipo de acciones violan los principios básicos de la legislación humanitaria internacional, incluyendo la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la Protección de Civiles en Conflictos Armados”. Sea o no un conflicto considerado “técnicamente un conflicto internacional”, y sean o no los grupos combatientes o las milicias “formalmente” partes de la Convención, “la legislación humanitaria internacional ha evolucionado de tal manera que todos los combatientes deben reconocer y obedecer estos principios fundamentales de decencia y civilización humanas”. En resumen, esos principios y valores deben ser considerados parte de “la legislación internacional consuetudinaria” y, como tal, universalmente vinculantes.
Es por lo tanto esencial, añadió, que aquellos que violan dichos preceptos sean castigados, ya sean perpetradores directos o “responsables de mando”. El Consejo de Seguridad debería “adoptar dichos principios; insistir en que todos los combatientes los observen; condenar las violaciones de dichos principios; instar encarecidamente a todos los Estados miembros a que emprendan las acciones adecuadas para investigar y castigar las violaciones; considerar someter al Tribunal Penal Internacional cualquier grave violación que los Estados miembros sean incapaces de perseguir según su ordenamiento y legislación nacional”.
Además de lanzar un llamamiento para la ilegalización de las minas terrestres y la producción y distribución de estas armas, que han mutilado a tantos civiles, especialmente niños, el Gran Hospitalario ha garantizado el apoyo de la Orden de Malta a la prevención de la escalada de armas nucleares y su compromiso “a trabajar con otros miembros de la comunidad internacional para reestablecer una frontera firme y eficaz entre los combatientes y los civiles en los conflictos armados, con el objetivo de garantizar en la mayor medida posible que los civiles no se convierten en víctimas inocentes de estas luchas”.
